DIVIDE Y VENCERÁS; EL RESTO, A CALLAR
“Divide y vencerás” se atribuye a Julio César. Han pasado más de dos mil años y, visto lo visto, algunos siguen aplicando la misma receta con notable eficacia.
La organización autonómica de España no cayó del cielo ni fue fruto de la improvisación. Las competencias se fueron transfiriendo poco a poco, incluidas las de Educación, hasta construir un sistema fragmentado en el que cada comunidad legisla, interpreta y actúa a su manera mientras el Gobierno central marca unas directrices generales. Resultado: diecisiete modelos, diecisiete discursos y diecisiete formas distintas de afrontar —o de esconder— los mismos problemas.
LGE, LOGSE, LOE, LOMCE, LOMLOE… una interminable sopa de letras que no ha servido para resolver el deterioro académico, el caos burocrático ni la precariedad laboral que arrastra la enseñanza pública no universitaria.
Solo en la LOGSE, aprobada en 1990, se consultó al profesorado, el colectivo que pisa las aulas cada día y conoce de primera mano la realidad educativa. ¿Y para qué sirvió? Para prácticamente nada. Las propuestas y advertencias de los docentes fueron ignoradas desde el ministerio.
La LOGSE se aplicó plenamente en 1996 y los problemas empezaron a aparecer desde la primera promoción. Bajada del nivel académico, pérdida de autoridad en las aulas, promoción automática, burocracia creciente… Ante el desastre, el ministerio respondió como suele hacerlo la Administración: improvisando parches para tapar agujeros sin afrontar nunca el problema de fondo.
Y mientras tanto, el profesorado soportando cada vez más carga burocrática y menos capacidad real para enseñar. Hoy muchos docentes pasan más tiempo rellenando informes, plataformas y documentos administrativos que preparando clases o atendiendo al alumnado. La enseñanza ha quedado atrapada bajo una montaña de papeleo.
El capítulo laboral merece mención aparte.
En la Comunitat Valenciana, desde 2010, las oposiciones ordinarias apenas se han convocado dos veces. La normativa establece que deberían celebrarse cada dos años, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque mantener a miles de interinos en situación precaria sale rentable.
El mecanismo es perverso: el profesorado sin plaza fija pasa a ser “fijo discontinuo”; en verano se le da de baja en la Seguridad Social y deja de cobrar de la administración autonómica. Entonces entra en juego el paro, pagado por el Estado. Traducido al lenguaje de la calle: una administración se ahorra el gasto y la factura acaba repartiéndose entre todos.
Y todavía habrá quien diga que no hay un problema estructural.
Sobre infraestructuras educativas, mejor no abrir demasiado el melón. Centros saturados, ampliaciones eternamente prometidas y obras que parecen condenadas a no terminar nunca.
Un ejemplo personal: me jubilé en 2019. En el centro donde trabajé durante 25 años había una ampliación aprobada y presupuestada diez años antes. A día de hoy sigue sin ejecutarse. Diez años. Una década entera de promesas, titulares y excusas.
Por eso conviene hacerse algunas preguntas incómodas:
¿La dimisión de equipos directivos responde realmente a problemas de gestión o es el síntoma de un desgaste político y administrativo insoportable?
¿La huelga indefinida del profesorado nace únicamente de reivindicaciones laborales o refleja un hartazgo mucho más profundo?
¿Piensan las administraciones solucionar algo o simplemente esperar a que el cansancio desactive las protestas?
Curiosamente, las movilizaciones más visibles están concentradas en la Comunitat Valenciana y Catalunya. En el resto del país parece que todo funciona de maravilla, o al menos eso quieren hacer creer.
Quizá los responsables políticos de las llamadas “zonas hostiles” deberían preguntar a los de las “zonas tranquilas” cuál es el secreto para evitar protestas. Tal vez sea muy sencillo: invisibilizar los problemas, dividir al profesorado, desgastar a quienes protestan y confiar en que el tiempo haga el resto.
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