DIVIDE Y VENCERÁS; EL RESTO, A CALLAR

“Divide y vencerás” se atribuye a Julio César. Han pasado más de dos mil años y, visto lo visto, algunos siguen aplicando la misma receta con notable eficacia.

La organización autonómica de España no cayó del cielo ni fue fruto de la improvisación. Las competencias se fueron transfiriendo poco a poco, incluidas las de Educación, hasta construir un sistema fragmentado en el que cada comunidad legisla, interpreta y actúa a su manera mientras el Gobierno central marca unas directrices generales. Resultado: diecisiete modelos, diecisiete discursos y diecisiete formas distintas de afrontar —o de esconder— los mismos problemas.

Desde 1970, con la implantación de la LGE y la EGB, hasta hoy, España ha encadenado reforma tras reforma educativa. Cada gobierno ha sentido la necesidad casi enfermiza de dejar su sello político en la enseñanza, como si cambiar siglas solucionara los problemas reales de las aulas.

LGE, LOGSE, LOE, LOMCE, LOMLOE… una interminable sopa de letras que no ha servido para resolver el deterioro académico, el caos burocrático ni la precariedad laboral que arrastra la enseñanza pública no universitaria.

Solo en la LOGSE, aprobada en 1990, se consultó al profesorado, el colectivo que pisa las aulas cada día y conoce de primera mano la realidad educativa. ¿Y para qué sirvió? Para prácticamente nada. Las propuestas y advertencias de los docentes fueron ignoradas desde el ministerio.

La LOGSE se aplicó plenamente en 1996 y los problemas empezaron a aparecer desde la primera promoción. Bajada del nivel académico, pérdida de autoridad en las aulas, promoción automática, burocracia creciente… Ante el desastre, el ministerio respondió como suele hacerlo la Administración: improvisando parches para tapar agujeros sin afrontar nunca el problema de fondo.

Y mientras tanto, el profesorado soportando cada vez más carga burocrática y menos capacidad real para enseñar. Hoy muchos docentes pasan más tiempo rellenando informes, plataformas y documentos administrativos que preparando clases o atendiendo al alumnado. La enseñanza ha quedado atrapada bajo una montaña de papeleo.

El capítulo laboral merece mención aparte.

En la Comunitat Valenciana, desde 2010, las oposiciones ordinarias apenas se han convocado dos veces. La normativa establece que deberían celebrarse cada dos años, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque mantener a miles de interinos en situación precaria sale rentable.

El mecanismo es perverso: el profesorado sin plaza fija pasa a ser “fijo discontinuo”; en verano se le da de baja en la Seguridad Social y deja de cobrar de la administración autonómica. Entonces entra en juego el paro, pagado por el Estado. Traducido al lenguaje de la calle: una administración se ahorra el gasto y la factura acaba repartiéndose entre todos.

Y todavía habrá quien diga que no hay un problema estructural.

Sobre infraestructuras educativas, mejor no abrir demasiado el melón. Centros saturados, ampliaciones eternamente prometidas y obras que parecen condenadas a no terminar nunca.

Un ejemplo personal: me jubilé en 2019. En el centro donde trabajé durante 25 años había una ampliación aprobada y presupuestada diez años antes. A día de hoy sigue sin ejecutarse. Diez años. Una década entera de promesas, titulares y excusas.

Por eso conviene hacerse algunas preguntas incómodas:

1. ¿La dimisión de equipos directivos responde realmente a problemas de gestión o es el síntoma de un desgaste político y administrativo insoportable?

2. ¿La huelga indefinida del profesorado nace únicamente de reivindicaciones laborales o refleja un hartazgo mucho más profundo?

3. ¿Piensan las administraciones solucionar algo o simplemente esperar a que el cansancio desactive las protestas?

Curiosamente, las movilizaciones más visibles están concentradas en la Comunitat Valenciana y Catalunya. En el resto del país parece que todo funciona de maravilla, o al menos eso quieren hacer creer.

Quizá los responsables políticos de las llamadas “zonas hostiles” deberían preguntar a los de las “zonas tranquilas” cuál es el secreto para evitar protestas. Tal vez sea muy sencillo: invisibilizar los problemas, dividir al profesorado, desgastar a quienes protestan y confiar en que el tiempo haga el resto.

DEL CASETE AL *DAB…Y DE LA POLÍTICA AL INMOVILISMO

Hubo un tiempo en el que la tecnología avanzaba a base de pequeños saltos que parecían gigantes. Por poner un ejemplo, que he vivido de primera mano: De la radio del coche pasamos al cartucho de 8 pistas, después al casete —con su carcasa de plástico y su etiqueta escrita a mano— y, más tarde, al CD. Hoy, los vehículos integran sistemas digitales con recepción *DAB, conectividad total y acceso inmediato a contenidos. *DAB-Digital Audio Broadcasting-Adiodifusión de Audio Digital.

LA EVOLUCIÓN HA SIDO IMPARABLE. NO PUEDE DECIRSE LO MISMO DE LA POLÍTICA.

Desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1976, España ha cambiado profundamente. La sociedad ha avanzado, la economía se ha transformado y la tecnología ha redefinido la vida cotidiana. Pero la política, entendida como práctica y cultura, sigue anclada en esquemas de hace décadas.

Sí, el modelo institucional ha crecido: comunidades autónomas, Gobierno central, Congreso, Senado, diputaciones, ayuntamientos. Más niveles, más estructura, la experiencia del ciudadano lo evidencia: Más duplicidades, más burocracia y más lentitud, trámites que se eternizan, servicios que no se coordinan y situaciones tan absurdas como no poder recoger determinados medicamentos fuera de tu comunidad autónoma.

Mientras tanto, el lenguaje cotidiano se ha llenado de nuevas consignas: “tiene que pedir cita”, “descárguese la app”, “introduzca usuario y contraseña”. La digitalización, que debería simplificar, a menudo añade nuevas capas de complejidad.

LA TECNOLOGÍA CORRE. LA POLÍTICA CAMINA, CUANDO NO SE QUEDA QUIETA.

El problema no es solo estructural, sino de prioridades. La política parece más centrada en el corto plazo electoral que en la resolución de los problemas reales. Se gobierna pensando en la siguiente votación, no en la siguiente generación.

Y los problemas están ahí, sin disimulo: Empleos mal pagados que obligan a miles de jóvenes a vivir al límite. Una generación que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar y pagar. Vivienda inaccesible. Costes básicos disparados. Infraestructuras que envejecen sin relevo. Listas de espera sanitarias que dejan de ser excepcionales para convertirse en norma.

Se podría pensar que es una percepción aislada, pero creo que es una experiencia compartida. Sin embargo, el debate político sigue girando en círculos: reproches cruzados, responsabilidades diluidas y promesas recicladas. Una maquinaria que se activa con intensidad en campaña electoral y se diluye después -ahora le toca a Andalucía-, a la espera de la siguiente convocatoria.

La pregunta ya no es si la política avanza menos que la tecnología. Eso es evidente.

La pregunta es si, en algún momento, decidirá avanzar de verdad.

Porque mientras el coche ya escucha radio digital, el ciudadano sigue esperando respuestas analógicas.

Y por si fuera poco, estamos a la espera de que el crucero de “alto poder adquisitivo” llegue a aguas territoriales de las Islas Canarias (España)